'En boca cerrada no entran moscas'. Eso es lo que debería haberse aplicado la calamitosa ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, cuando explicó en sede Parlamentaria que si no pide a las Comunidades Autónomas que no permitan la construcción de inmuebles por debajo de 30 m2 útiles es porque el Estado sólo tiene competencia para establecer ese límite en materia de vivienda protegida.
Desde luego, sus declaraciones no pudieron ser más sangrantes. Pero por raro que parezca, llegó más lejos cuando explicó que son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia exclusiva para establecer la superficie mínima y que en algunas de ellas "la mayoría gobernadas por el PP", tienen ese límite en los 15 ó 20 metros cuadrados. Sinceramente, verlo para creerlo.
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