Todo por un escándalo urbanístico que provocó elecciones anticipadas y que fue destapado por Fernandes, quien fue objeto de un intento de soborno. El caso es que el nuevo alcalde de Lisboa, Antonio Costa, obligará a vender el 25% de viviendas nuevas a un precio por debajo del mercado. Y es que la política de pactos para poder gobernar tiene su coste. Como bien os podéis imaginar la polémica y las críticas están servidas. Para empezar, los constructores tachan de ilegal esta medida y han amenazado con recurrir a los tribunales.
Con esta política se pretende que en Lisboa, capital lusa prácticamente deshabitada, en especial su casco histórico, con poco más de medio millón de habitantes, se poble. Para el presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba". "Una medida como ésta vulneraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia y de competencia, y por eso no creemos que eso sea posible", afirmó Joaquim.
No quiero imaginar que en nuestro país se pudiese adoptar una medida de ese tipo, pues creo recordar que aún vivimos en una economía de libre mercado. Pero alguno pensará que las viviendas sujetas a algún tipo de protección pública no importa que sean deficitarias. Menudo derroche presupuestario.
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